Se agrava la crisis política en Perú y la sangre empieza a correr en las calles: dos jóvenes, uno de 15 y otro de 18 años, murieron la tarde de ayer heridos de bala en Andahuaylas, región de Apurímac, en enfrentamientos que dejaron decenas de heridos entre civiles y policías durante el fin de semana.

Tras conocerse las muertes, los manifestantes atacaron y prendieron fuego al cuartel policial de la localidad. Y las protestas también ocurrían en ciudades como Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, además de bloqueos de carreteras, uno de los cuales se mantiene firme desde hace dos días, 280 kilómetros al sur de Lima, cerca de Ica, con centenares de camiones y autobuses detenidos en la ruta.

También se conocía que anoche, la panamericana norte fue bloqueada en la localidad de Chancay, 75 kilómetros al norte de la capital. En las afueras del Parlamento, manifestantes y fuerzas policiacas chocaban por cuarto día consecutivo en Lima. La sensación y el temor es que una gran convulsión van apoderándose paulatina e inevitablemente del país.

Gremios agrarios, organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, por idénticas razones, también por la liberación de Castillo, manifestó el Frente Agrario y Rural de Perú.

Rosa María Palacios, abogada y analista integrante de la Coalición Ciudadana dijo que “El Congreso tiene los mismos problemas que Castillo: corrupción, autoritarismo, encubrimiento, cambia ilegalmente la Constitución y dos tercios del país quieren que se vayan ya. Ahora tenemos una situación cada vez más violenta en el interior porque no se está leyendo lo que la mayoría de la población quiere: que se vayan todos”.

Ante esta situación hay 3 caminos a seguir: Hay dos caminos para hacer aquello.

Una es que Boluarte renuncie, tras lo cual asume el presidente del Consejo de Ministros, que está obligado constitucionalmente a convocar a elecciones de inmediato.

Otro es que los congresistas refrenden en el pleno un proyecto de ley que ya fue aprobado por la comisión de Constitución del Congreso, el cual adelanta las elecciones. Requiere de 87 votos (dos tercios de los 130 parlamentarios) en esta legislatura y luego, en marzo de 2023, ser ratificado en la siguiente legislatura, también por dos tercios. La presidenta tendría que decirle al Congreso que si no lo aprueban, se verá obligada a renunciar.

El tercero consiste en alcanzar 76 votos e ir a un referendo.

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