A partir del anuncio del gobierno federal en el sentido de que el año que viene será la Secretaría de Gobernación y no el INE quien realice un proceso de participación ciudadana, para recoger la opinión de los mexicanos en relación con la Guardia Nacional, el INE perdió la excusa para solicitar 4 mil millones de pesos que había etiquetado en su perfil de presupuesto de 2023 como dinero de reserva para organizar consultas ciudadanas que pudieran surgir. Queda claro que mientras ese órgano electoral no se reforme de acuerdo con las necesidades actuales de la democracia mexicana, no se le utilizará para esos fines por resultar exageradamente oneroso al erario. De esta forma se hace evidente la inutilidad de una estructura anacrónica y pesada que se convirtió en el organismo más caro del mundo para organizar procesos electorales.

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